La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 103 de Madrid, que fija una indemnización de 13,3 millones de euros por un parto mal atendido en el Hospital de Sagunto, no sólo marca un récord histórico en España: también evidencia un problema jurídico recurrente en la litigación sanitaria. Durante años, muchos procedimientos se han resuelto aplicando de forma extensiva —y en ocasiones injustificada— la doctrina de la pérdida de oportunidad, reduciendo indemnizaciones incluso cuando existía una relación causal clara entre la actuación médica y el daño.
En este caso, la jueza descarta expresamente esa vía y entra a valorar la infracción directa de la lex artis: fallos en la monitorización fetal, interpretación incorrecta de los registros y retraso en la cesárea pese a signos evidentes de sufrimiento. La resolución reconoce que no estamos ante un escenario incierto o probabilístico, sino ante una cadena de actuaciones contrarias a los protocolos obstétricos, con un resultado lesivo perfectamente evitable.
La importancia jurídica de esta sentencia radica precisamente en eso: no se refugia en la pérdida de oportunidad para limitar la responsabilidad, sino que analiza la causalidad de forma completa. Cuando el daño es consecuencia directa de una actuación negligente, la reparación debe ser íntegra. Por ello, el fallo fija un capital indemnizatorio de 6,1 millones de euros, al que se suman los intereses legales hasta alcanzar los 13,3 millones.
Este pronunciamiento supone un punto de inflexión. La pérdida de oportunidad es una herramienta válida cuando existe incertidumbre real sobre el nexo causal, pero su uso indiscriminado ha servido en demasiadas ocasiones para reducir indemnizaciones en perjuicio de los pacientes, incluso en supuestos donde la evidencia técnica apuntaba a una relación directa entre la actuación médica y el daño final.
El caso Sagunto recuerda que la responsabilidad sanitaria no puede diluirse en abstracciones probabilísticas cuando los hechos muestran una desviación clara de los estándares clínicos. Y envía un mensaje contundente: cuando la negligencia es acreditada, la reparación debe ser completa, no simbólica.
