La relación laboral con los trabajadores suele abordarse desde una perspectiva laboral y administrativa: contratos, nóminas, despidos, sanciones, inspecciones de trabajo…
Sin embargo, lo que muchas organizaciones desconocen es que un conflicto laboral puede derivar también en responsabilidades civiles e incluso penales para la empresa y, en determinados casos, para sus administradores o directivos.
- Responsabilidad civil: indemnizar más allá del despido
La responsabilidad civil surge cuando la actuación empresarial provoca un daño evaluable económicamente al trabajador, distinto y adicional al propio incumplimiento laboral.
Casos habituales:
- Acoso laboral o mobbing, con daños psicológicos acreditados.
- Vulneración de derechos fundamentales, como la dignidad, la intimidad o la no discriminación.
- Accidentes de trabajo derivados de falta de medidas de prevención.
- Uso indebido de datos personales del trabajador.
- Daños reputacionales o profesionales, por comunicaciones internas o externas negligentes.
2. Responsabilidad penal.
Algunas conductas, por su gravedad, pueden constituir delito, con consecuencias mucho más serias.
Riesgos penales más frecuentes en el ámbito laboral:
- Delitos contra los derechos de los trabajadores (condiciones ilegales, abusos, coacciones).
- Acoso laboral grave, especialmente cuando existe reiteración.
- Delitos contra la seguridad y salud, en accidentes laborales con resultado de lesiones graves o fallecimiento.
- Discriminación por razón de sexo, edad, ideología, afiliación sindical o situación personal.
- Impagos deliberados de salarios en determinados supuestos.
- Falsedades documentales, por ejemplo, en contratos, nóminas o cotizaciones.
En estos casos, no sólo responde la empresa:
- Pueden responder administradores, gerentes, responsables de RRHH o mandos intermedios.
- Las penas pueden incluir multas, inhabilitación profesional e incluso prisión, además del enorme impacto reputacional.
Por tanto, una política laboral adecuada no sólo reduce conflictos, sino que protege a la empresa frente a riesgos jurídicos de mayor alcance.
Myrian Pérez
Graduada social.
