El caso: Tras sufrir un grave accidente de tráfico en octubre de 2019, nuestra clienta se enfrentaba a una situación de vulnerabilidad física y administrativa. La Consellería de Política Social inicialmente sólo le reconoció un 33% de discapacidad con carácter provisional, obligándola a someterse a una revisión en el año 2027. Esta calificación no reflejaba la realidad de sus secuelas crónicas ni le otorgaba la estabilidad necesaria para afrontar su futuro.
La Estrategia Judicial: Desde el despacho, impugnamos la resolución administrativa. Nuestra argumentación se centró en dos pilares fundamentales:
- Carácter Definitivo: Tras más de cinco años desde el accidente, demostramos que las lesiones eran crónicas, estaban estabilizadas y no presentaban expectativas razonables de mejoría, invalidando la necesidad de revisiones futuras.
- Valoración Real de Secuelas: Defendimos una mayor puntuación por la gravedad de la radiculopatía lumbar y cervical (que obliga al uso permanente de muletas) y la cronicidad del trastorno adaptativo mixto derivado del dolor persistente.
El Resultado: La Sentencia nos ha dado la razón.
- Aumento del grado: Se eleva la discapacidad de un 33% a un 68%.
- Carácter definitivo: La justicia reconoce que las lesiones no son revisables, otorgando seguridad jurídica total a la demandante.
- Reconocimiento de limitaciones: El tribunal aumentó el Baremo de Limitación de la Actividad (BLA) del 20% al 50%, reconociendo el impacto severo en la movilidad y el autocuidado diario de nuestra clienta.
