Sentencia: 29 de mayo de 2023
Nuestra cliente, trabajadora de un geriátrico, es agredida por un residente, el Juzgado de instancia desestima la demanda por entender que la empresa había adoptado todas las medidas necesarias para evitar la agresión.
La decisión judicial se adoptó a pesar de haber sido sancionada la empresa por los hechos e, incluso, condenada a abonar un recargo de prestaciones del 30%.
La Sala del TSJ de Galicia estima nuestro recurso exponiendo que la agresión se produce cuando la trabajadora le estaba colocando unos calcetines a un residente, que padecía una enfermedad mental, le golpea con el puño en la nariz y la trabajadora se golpea contra la pared. Achaca la Sala a la empresa que las pautas acordadas en materia de prevención no fueron eficaces y se incumplió el deber de vigilancia, además, de no ser el centro el lugar idóneo para residentes con problemas mentales. Con el agravante de que se trataba de una persona que ya había agredido a otras trabajadoras y residentes. Por lo que la agresión no fuera improbable y mucho menos evitable de haberse adoptado medidas adecuadas que hubieran evitado el riesgo de agresión.
Fija la sentencia una indemnización de 67.770,16 € y los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro desde la fecha en que la aseguradora tuvo conocimiento de la reclamación, ello, elevará la indemnización a más de 83.000 €.
No reconoce, sorpresivamente, indemnización por el concepto de perjuicio por pérdida de calidad de vida estimando que no queda acreditada dicha circunstancia y ello, a pesar de que a la actora le fue reconocida una incapacidad permanente total y la norma a aplicar, la conocida como “baremo de tráfico” establece claramente en su artículo 108 que el reconocimiento de la incapacidad permanente para profesión habitual se entenderá que produce una pérdida de calidad de vida moderada, por dicho motivo ha sido recurrida al Tribunal Supremo.
