Sentencia: 29 de abril de 2020
En vía administrativa se reconoció una incapacidad permanente total por secuelas de un ictus isquémico con persistencia clínica depresiva y alteración cognitiva leve a tratamiento.
Inicialmente, se reconoció como enfermedad común, pero se acreditó que el ictus se produjo durante el trabajo lo que motivó que la base reguladora a considerar se triplicase a 63,50 € -cantidad reconocida en proceso de despido – y se reconociese una invalidez absoluta por carecer de facultades para ejercer cualquier trabajo con un mínimo de dedicación y profesionalidad.
