La implantación del Canal de denuncias se hace obligatoria desde el 1 de diciembre de 2023, para todas aquellas empresas que tengan 50 o más empleados.
El pasado 20 de febrero se dictó la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, convirtiéndose en una importante herramienta para detectar de forma temprana posibles riesgos de comisión de irregularidades de una organización.
Debe tener un acceso visible en la página web de la compañía y ésta cuenta con un plazo de tres meses para informar sobre la tramitación de la denuncia
La finalidad de la norma es “proteger” frente a represalias a las personas físicas y jurídicas de las que dependen de que informen sobre infracciones y fomentar la cultura de la información. La ley establece una serie de medidas de protección al informante, especialmente la prohibición de represalias tales como despidos, denegación de formación, evaluaciones negativas, etc., pudiéndose extender dicha protección hasta al menos dos años, y pudiéndose facilitar otra serie de medidas de apoyo al informante.
Uno de los requisitos esenciales que debe tener el Canal de denuncias es la “confidencialidad” de todo el proceso y de la identidad del denunciante (informante), pudiendo garantizar su anonimato, si así lo desea, facilitándole la opción de realizar dichas comunicaciones de modo escritas, verbales o ambas.
Es el propio órgano de administración de la compañía el responsable de implantar el Sistema interno de información, e igualmente responsable de designar al responsable del sistema, haciéndose necesario que se haya establecido una política específica para el Canal que incluya la formación a los empleados.
La ley prevé importantes sanciones ante el incumplimiento de la implantación de un canal de denuncias, desde la imposición de multas de hasta un millón de euros, a amonestaciones públicas, y la prohibición de contar con subvenciones y contratar con la administración pública.
